La economía social ha adquirido cierto éxito estos últimos años. El gobierno aprobó en julio de 2014 una ley sobre economía social, siguiendo el camino abierto por España, Portugal y otros países europeos. Se habla cada vez más sobre alternativas económicas y, a nivel territorial, de transición en lugar de desarrollo, y la cual se incluye preocupaciones económicas, sociales y ecológicas. En esta discusión, Ipar Euskal Herria tiene su palabra, tanto por razones históricas como por las dinámicas territoriales que actualmente se están llevando a cabo.
Por una parte, la economía social tiene una historia larga y prolífera en Iparralde. Ya antes de la aparición de las empresas con estatutos contemporáneos (mutuas, cooperativas, asociaciones) existían entidades de solidaridad creadas por la sociedad del territorio desde hacía tiempo: cofradías de agricultores y pescadores, agrupaciones de oficiales, auzolan, sin olvidar el especial sistema de uso de las tierras y montes comunales. Pero al igual que a nivel europeo, es a finales del siglo XIX y comienzos del XX cuando se creó la red de entidades de lo que hoy conocemos como economía social. Además de servicios económicos, dichas agrupaciones suplían funciones políticas, viendo el republicanismo y el clérigo tenían cada cual sus mutuas, cooperativas y red de asociaciones. Con la ley de 1905, la cual separó la Iglesia y el Estado, la economía social se politizó todavía más. El juego era aún más complejo en Iparralde, teniendo en cuenta que la Iglesia utilizaba el euskera y la identidad vasca en la pugna que mantenía con el Estado. Los instrumentos económicos eran instrumentos políticos: la Iglesia demostraba que la sociedad era capaz de organizarse a sí misma sin necesidad del Estado. En los movimientos sociales de Iparralde, este distanciamiento del Estado se mantendrá durante mucho tiempo.
Haciendo un salto en la historia, comenzó en los años 1970, por parte del movimiento nacionalista esta vez, el movimiento social a favor del desarrollo local. Se encaminó por las vías de la economía social: desde 1974 mediante el movimiento cooperativo de trabajo (con la asociación Partzuer), Hemen-Herrikoa desde 1978-1980, el movimiento por la pequeña agricultura y sostenible con la creación en 1980 del sindicato ELB, la federación Arrapitz, y un largo etcétera. Durante ese tiempo, sobre todo eran los procesos productivos y el trabajo lo que se politizaba: crear una cooperativa era la manera de llevar a cabo el lema de “trabajar en el municipio”, y también una manera de unir políticamente aún más el movimiento obrero con el nacionalista. Aún y todo, hubo grandes resistencias en el seno del movimiento obrero, sobre todo por parte del mundo sindical, quien realizó de nuevo críticas (ya realizadas en el pasado) a la economía social.
En los años 2000 surgió una segunda generación de la economía social, que politizaba la producción y el trabajo, pero también el consumo y los intercambios económicos de manera más amplia. Las preocupaciones sobre el medio ambiente adquirían mayor centralidad, así como la idea de los circuitos cortos: a nivel alimentario, a nivel medioambiental, también en cuanto a circuitos financieros. Euskal moneta es el testigo de esta nueva generación, la cual, creada en el 2012, se ha convertido en la primera moneda local de Francia.
Una característica de esta última generación es también que se está abriendo al exterior. Esta apertura tiene tres vertientes. Por una parte, las empresas de la economía social crean redes a nivel mundial, se unen a diferentes movimientos sociales internacionales, sean entorno al cooperativismo medioambiental, la agricultura sostenible o al consumo. Algunas veces, experiencias de Iparralde se convierten en modelos, véase cómo se están expandiendo euskal moneta o la red Alternatiba. La segunda apertura atañe a Hegoalde. No es algo nuevo. Ya en los años 1970-1980 el cooperativismo de hegoalde siguió de cerca y apoyó la creación de la primera cooperativa de Iparralde. Recientemente, las nuevas generaciones de la economía social también han adoptado una dimensión transfronteriza, utilizando para ello instrumentos institucionales acordes: en la agricultura biológica, a nivel de euskera y cultural, en la comunicación y medios de comunicación, etcétera. El tercer camino a la apertura atañe al nexo de Iparralde con los territorios vecinos: con Biarnes por una parte, y con las Landas por la otra. Cabe mencionar especialmente que varios agentes de la economía social (sobre todo Lan Berri, Andere nahia, Herrikoa, así como movimientos de agricultura sostenible) participan en la dinámica del polo de cooperación económico territorial PTCE (Pôle Territorial de Coopération Économique) del Sur de Aquitania, establecido en Tarnos, junto a varias estructuras de Seignanx y Pau. Las promotoras de este proyecto entienden que la economía social no es una simple suma de empresas o estructuras, sino que es un modelo de desarrollo territorial.
De estas tres aperturas surge hoy el impulso de la economía social de Iparralde. Está por ver qué frutos da en un entorno socio-económico y político-institucional que cambia tan rápidamente.
Xabier Itçaina
(CNRS, Centre Emile Durkheim, Sciences po Bordeaux)
