El pasado mes de mayo se aprobó en el Parlamento vasco la Ley 6/2016 del Tercer Sector Social de Euskadi, un hecho que ha supuesto un gran paso para estas organizaciones que constituyen un activo fundamental de la sociedad vasca.
La norma regula la actividad de un sector que en Euskadi conforman más de 3.000 organizaciones que emplean a 35.000 personas y con las que colaboran más de 125.000 personas voluntarias. Está formado por entidades nacidas de la iniciativa social y sin ánimo de lucro, cuya finalidad principal es promover la inclusión social y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas, las familias y colectivos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, exclusión, desprotección o dependencia.
La Ley 6/2016 define jurídicamente el Tercer Sector Social junto con sus características y principios, y establece el diálogo civil como el derecho de las organizaciones a participar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas sociales públicas. Además, regula los instrumentos de diálogo con las distintas administraciones y agentes de este ámbito, y dedica un capítulo a la acción de promoción y reconocimiento del mismo.
El sector ha valorado positivamente que el Parlamento haya aprobado la ley, y reconocen que responde a una demanda mantenida desde hace tiempo para que se le reconozca y ampare. Consideran que estas medidas son clave para fortalecer el tercer sector e impulsar la cooperación con el sector público y privado.
En los últimos años, con el impacto de la crisis, más de la mitad de las entidades ha visto aumentar el número de personas usuarias de su actividad, y esto ha hecho cada vez más necesaria la aprobación de una norma que las regule. La actividad que desarrollan en ámbitos como la inclusión, la educación, el empleo o el socio-sanitario es muy importante en nuestra sociedad, y gracias al trabajo y el esfuerzo que realizan podemos decir que contamos con una sociedad más justa, solidaria y participativa. Los servicios sociales de Euskadi no serían lo mismo sin la labor que llevan a cabo día a día.
En cuanto al sector público se refiere, tiene una gran necesidad de avanzar en un modelo de administración más participativa, y la colaboración del Tercer Sector Social en la toma de decisiones sobre las políticas públicas contribuirá a iniciar ese cambio por un modelo más democrático.
Desde el pasado mes de mayo el sector cuenta con un marco legal y nombre que no tenía, y de esta manera toma valor un modelo de sociedad donde la ciudadanía organizada tiene mucho que aportar. Se ha dado un gran paso en el reconocimiento al gran trabajo que desempeñan y que supone, sin lugar a duda, que la respuesta frente a las necesidades sociales de la ciudadanía sea más efectiva. La participación activa de las organizaciones a la hora de diseñar las políticas sociales será clave para hacer que la sociedad en la que vivimos sea cada día más solidaria e igualitaria.
Ane Etxebarria Rubio, Área jurídica OVES-GEEB
